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¿Cuáles son las prohibiciones que establece la ley de compras y contrataciones para los funcionarios?


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Tampoco pueden beneficiarse de las compras públicas las personas que tengan algún tipo de relación cercana con los funcionarios.

A raíz de que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) otorgará un contrato a una empresa de seguros vinculada a la vicepresidente de la República, Raquel Peña, se ha avivado del tema de la participación de los funcionarios en las compras del Estado, lo cual está prohibido por la ley.

La Ley No. 340-06 Sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones es clara sobre quienes no podrán ofrecer sus servicios ni recibir contratos del Estado.

En primer lugar se ubican el presidente y vicepresidente de la República; le siguen los secretarios y subsecretarios de Estado; los senadores y diputados; los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y de los demás tribunales del orden judicial; los funcionarios de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral;  los síndicos y regidores de los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional.

Esto también aplica para el contralor general de la República y el subcontralor; los directores y subdirectores de Presupuesto y de Planificación; el procurador general de la República y demás miembros del Ministerio Público; el tesorero nacional y el subtesorero; entre otros funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía.

Igualmente están incluidos los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como el jefe y subjefes de la Policía Nacional y los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa y el todo personal de la entidad contratante.

Tampoco pueden beneficiarse de las compras públicas las personas que tengan algún tipo de relación cercana con los funcionarios. Entre los se incluyen los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado, los cónyuges, las parejas en unión libre, las personas que tengan alguna relación de convivencia afectiva o con las que hayan procreado hijos, ni sus descendientes.

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También es violatorio a la ley otorgar contratos a las personas jurídicas en las cuales el presidente, el vicepresidente y demás funcionarios citados al principio, tengan una participación superior al 10% del capital social dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria.

Tampoco pueden beneficiarse de contratos con el Estado las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación o hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o los diseños respectivos.

Por delitos cometidos

La ley prohíbe también participar en las contrataciones públicas a las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de falsedad o contra la propiedad, o por delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia, prevaricación, revelación de secretos, uso de información privilegiada o delitos contra las finanzas públicas, hasta que haya transcurrido un lapso igual al doble de la condena.

Si la condena fuera por delito contra la administración pública, la prohibición para contratar con el Estado será perpetua”, precisa la ley.

Lo mismo aplica para las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, entre otros. Las personas físicas o jurídicas que se encontraran inhabilitadas en virtud de cualquier ordenamiento jurídico, así como quienes suministraren informaciones falsas o que participen en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación.

Finalmente, ley prohíbe ofrecer sus servicios y contratar con el Estado a las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para contratar con entidades del sector público y a las que no estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de la seguridad social.

Para los funcionarios citados a principio la prohibición se extenderá hasta seis meses después de la salida del cargo.

Fuente: Listín Diario

Gobierno somete presupuesto complementario por 17,200 millones de pesos


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El Poder Ejecutivo sometió un proyecto de presupuesto complementario por valor de 17,200 millones de pesos.

El proyecto fue sometido por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot.

En la comunicación, dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se señala que se prevé una disminución del PIB nominal de -1.6% con relación al año 2019 y una caída real de -4% con respecto al año anterior.

El presidente dijo que el presupuesto complementario contempla los recursos necesarios para mitigar la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus, e incluye los incentivos otorgados por labor humanitaria y la continuación hasta el mes de diciembre de 2020 de los programas de asistencia social Fase, Quédate en Casa y Pa´Ti.

El pasado 13 de junio, el Gobierno sometió un proyecto de presupuesto complementario que le fue aprobado por el Congreso Nacional.

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Ese proyecto involucraba la cifra de RD$150 mil millones de pesos, y fue depositado por el entonces ministro Donald Guerrero, en el Senado de la República.

La carta del presidente Luis Abinader, entregada hoy, señala que se usarán 5,000 millones de pesos a la capitalización del Banco Agrícola, “de manera de poder implementar el programa de financiamiento a tasa cero a productores agrícolas con el fin de apoyarlos en el inicio de la próxima siembra”.

“La menor actividad económica resultante de las medidas sanitarias adoptadas para proteger la salud de la problación ante la pandemia de Covid-19 impone un desafío importante como consecuencia de la reducción en las recaudaciones fiscales”, señala la comunicación presidencial.

Fuente: Listín Diario

Deuda pública se ha disparado en periodos de más crecimiento económico


Leonel Fernández y Danilo Medina llevan la delantera en el aumento de la deuda de las dos últimas décadas

En la carrera del endeudamiento de las últimos 20 años, el presidente que ha llevado la delantera ha sido Leonel Fernández, en cuyos periodos presidenciales la deuda pública explotó un 195.5 %, al pasar de 6,584.98 millones de dólares cuando asumió en el año 2004 hasta 19,463.33 millones de dólares a su salida en el año 2012.

De acuerdo a los datos de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, le sigue Hipólito Mejía, que en apenas cuatro años de gobierno elevó el monto de los compromisos en 103 %, de 3,243.54 millones en el año 2000 a 6,584.98 millones de dólares que se registraban al año de su salida en 2004.

El saliente mandatario Danilo Medina disparó la deuda en un 98.2 %, menos que las administraciones anteriores, pero lo que marca el acento es que ese nivel de endeudamiento se produjo justo en el periodo de mayor crecimiento económico de las últimas dos décadas en el país.

Durante los dos periodos presidenciales de Medina el PIB creció en promedio un 5 %, similar al nivel de crecimiento registrado durante los dos mandatos de Fernández.

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Al cierre del 30 de junio el saldo de la deuda externa e interna del sector público no financiero (SPNF) totalizó 38,574.8 millones, representando el 47.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Cuando Medina asumió la presidencia de República Dominicana heredó un nivel de endeudamiento de 19,463.3 millones de dólares.

Según los datos de la Dirección de Crédito Público, el saldo de deuda del SPNF estaba compuesto en un 67 % por deuda externa, la cual presentó un saldo de 25,859.2 millones de dólares. Mientras tanto, el 33 % restante correspondió a deuda interna, que totalizó 12,715.6 millones.

Del total de la deuda interna unos 2,275.2 millones corresponden a deuda intergubernamental de bonos emitidos por el Gobierno Central para la recapitalización del Banco Central de la República Dominicana.